Por Héctor A. Villalva El turismo es una de las actividades más incluyentes para la economía de nuestro país, y estado, pues, así como se benefician las grandes empresas y a las cadenas hoteleras, también se favorecen pequeños hoteles, restaurantes de todo tipo, transportistas, guías turísticos, tiendas de conveniencia, entre otros.
Por ello, el Gobierno de Tlaxcala, participa en la 47 edición del Tianguis Turístico, que se llevará a cabo del 26 al 29 de marzo, y este evento se buscará marcar un hito en la historia del turismo de la entidad.
Durante la inauguración de este espacio, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros invitó a que visiten el stand de Tlaxcala en el Tianguis Turístico, donde además podrán degustar diversos platillos típicos y representativos del estado.
“Aquí van a conocer nuestras tradiciones, economía y todos los lugares maravillosos que tenemos. Nos da mucho gusto poder llegar a muchas personas de diferentes países del mundo y está deliciosa la comida, que espero vengan a probar”, resaltó.
En el marco del Tianguis Turístico, Tlaxcala promueve su gran variedad de productos turísticos y se proyecta, una vez más, como un destino turístico de excelencia a nivel nacional e internacional.
El Tianguis Turístico México, es organizado por la secretaria de Turismo federal y se convierte en un gran foro de negocios que reúne a compradores, y expositores por sistema, de citas preestablecidas en una de las reuniones más importantes en materia turística de América.
Tlaxcala tiene un despunte extraordinario en materia turística. Su amplia belleza arquitectónica y atractiva oferta es reconocida y apreciada a nivel nacional e internacional.
Por Héctor A. Villalva Derivado de la legislación en la materia, Tlaxcala realiza desde el martes 21 de este mes, el canje de placas para vehículos automotores y, hemos de hacer algunas aclaraciones que serán importantes para la ciudadanía. Sobre todo por las situaciones que se viven en las delegaciones, lo que también nos permitirá reflexionar sobre cómo mejorar estos procesos administrativos a futuro.
Lo primero que debemos tomar en cuenta como ciudadanos es que este canje cuyo costo es de 226 pesos, es un esfuerzo del gobierno estatal entendiendo la situación económica de nuestro país, según la información oficial, se trata exclusivamente de pagar por la adquisición de los metales, es decir, no se hace con fines recaudatorios.
Lo segundo es que es un trámite que podrá realizarse hasta diciembre, muy seguramente se tomó esa decisión para evitar el tan mentado coyotaje y las aglomeraciones en cada una de las delegaciones. Se entiende que los ciudadanos quieren realizar este trámite para despreocuparse el resto del año, pero lo cierto es que, quizá en diciembre se presente la misma situación.
Lo anterior debe dar pie a mejorar los procesos administrativos, a pensar en la digitalización de los servicios gubernamentales, lo que supone un reto para cualquier administración. Es el momento ideal para busca estrategias que permitan acercar al gobierno electrónico a nuestra realidad, porque aunque no lo parezca, Tlaxcala es un estado donde -según el INEGI- la gran mayoría de la población tiene acceso a internet a través de diversos dispositivos.
Hay que pensar en que los ciudadanos buscan cumplir con sus obligaciones, realizar el pago de derechos lo más cómodos y seguros posibles. La pandemia de Covid-19 nos mostró la necesidad de digitalizar al gobierno, seguro que este canje de placas obligará a las autoridades a transitar hacia el gobierno electrónico.
El psicólogo sueco Dan Olweus fue el primero en usar, en los años 70, el término inglés “bullying” para indicar la preponderancia entre pares en sus investigaciones pioneras sobre la violencia escolar que llevaron a la formulación de un programa de antibullying ampliamente adoptado en las escuelas de los países nórdicos.
Resumiendo, las diferentes definiciones seguidas a lo largo de los años, podemos delinear el bullying como un comportamiento ofensivo-agresivo reiterativo en el que los papeles se cristalizan en el tiempo, que persigue la intencionalidad de dañar y ofender a la víctima, que se convierte en el blanco de la diversión del otro o del grupo y asimétrico en el equilibrio entre las fuerzas de la víctima y las del infractor
Ante los recientes casos de bullyng en Tlaxcala, el titular de la SEP del Estado, Homero Meneses Hernández, señaló en entrevista a diversos medios de comunicación que la expulsión, la exclusión ni la mano dura son la solución para frenar los casos de bullyng.
Luego de un hecho violento en el Cetis N0 132 donde golpearon a un estudiante, la SEP de Tlaxcala anunció que las partes habían llegado a un acuerdo, el alumno agresor fue suspendido por tres días, y de ahí no se sabe qué acciones se tomaron para que estos acontecimientos no se repitan más.
Para aprender cómo prevenir el bullying para los niños, hay que entender que el acoso escolar no depende exclusivamente de factores temperamentales y familiares que favorecen la aparición de comportamientos agresivos.
Las actitudes, los hábitos y los comportamientos del personal escolar, y en particular de los profesores, son determinantes en la prevención y el control de las acciones de acoso escolar.
De ahí la importancia de la integración de un enfoque integrado en todos los planteles públicos de Tlaxcala, que guíe la organización y la acción dentro de la escuela, con la explicitación de una serie de objetivos acordados que den a los alumnos, al personal y a los padres; además de una indicación y una demostración tangible del compromiso para prevenir y combatir los comportamientos de bullying.
Un programa de acción eficaz debe, por lo tanto, tener como requisito inicial la intención de resolver los posibles problemas relacionados con el bullying, junto con la voluntad de prevenir su aparición reforzando los factores de protección mediante técnicas que trabajan principalmente en la valorización de los recursos personales, familiares, escolares y de la comunidad.
En este espacio, recientemente reconocimos la labor conjunta de algunos presidentes municipales y del gobierno estatal para poder garantizar paz y seguridad, específicamente cuando fueron entregadas armas a aquellos policías que han cumplido con sus certificaciones, acreditaciones y capacitaciones. Todo lo anterior, les permite desarrollarse profesionalmente.
El pasado fin de semana, se registraron varios homicidios, casi la mitad de ellos dolosos, lo que nos lleva a preguntar qué están haciendo los alcaldes para brindar seguridad, paz y certeza a sus gobernados. Los vemos entregando aparatos auditivos -cosa que no está dentro de sus funciones y obligaciones-, los vemos haciendo de todo, menos cumpliendo con lo que se supone deberían hacer y por lo que se atrevieron a pedir el voto.
Es responsabilidad de cada uno de los 60 municipios del estado garantizar la seguridad de los ciudadanos. El pasado fin de semana hubo hechos lamentables cinco homicidios dolosos en diversos municipios, y nos preguntamos ¿qué hacen los alcaldes con sus corporaciones policiacas?
La primera instancia de gobierno para resolver la delincuencia, pese a lo que digan, son los ayuntamientos, ellos serían los primeros responsables en sus circunscripciones, luego sigue el estado, y al final las fuerzas federales.
El Gobierno Estatal, ha realizado e implementado acciones para disminuir los índices de violencia que existe en la entidad, pues en diversos acontecimientos se ha movilizado para atender la situación y resolver los conflictos.
Cuando se ha tratado de solucionar algún conflicto, todas las fuerzas se coordinan, ejército, Guardia Nacional, fuerza civil, y se brinda en todos los flancos protección a la sociedad.
Pero toca a las autoridades municipales brindar seguridad a los pobladores, pues son aquellos que se encuentran más cerca de la vida de cotidiana de ellos, mientras que las fuerzas policiales en el estado fijan las líneas de acción general a desarrollarse.
En México la pena por cometer tala ilegal es de 2 a 15 años de prisión, según una reforma hecha por el poder legislativo en 2021. Sanción que pretende frenar este delito presente en al menos 20 estados de la República, según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Los esfuerzos nunca han parado. Es un problema añejo que le ha hecho daño a todo el mundo, a nuestro país y a nuestro estado. “Se va a Dictar en Breve una Ley Forestal” se leía en una nota del diario El Universal el 27 de enero de 1926, que especificaba el interés del presidente de la República por regularizar la explotación de los bosques.
Pero han pasado las décadas y nada, es lamentable que a veces por intereses económicos sean los propios pobladores que fomenten el silencio y sean cómplices de los delincuentes que provocan este mal a nuestros bosques.
Y es que la tarde del miércoles, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de la Unidad de Policía de Montaña, aseguró una unidad cargada con materia prima verde en el área perimetral del Parque Nacional Malinche.
Esto provocó que un grupo de pobladores presuntamente dedicados a la tala clandestina agrediera físicamente al personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) e incendió su vehículo para impedir que se llevaran la unidad.
Pero las autoridades y guardianes del orden no se amedrentan ante estas acciones delincuenciales, por el contrario, en esta nueva historia, dentro del área natural protegida se han hecho 106 acciones forestales en las que han participado 395 elementos de las instancias estatales y federales.
Con 31 recorridos de inspección, así como de vigilancia, nueve inspecciones a predios con notificación de saneamiento forestal y se aseguraron 31 vehículos portadores de materia prima forestal, entre otras acciones.
Por instrucciones de la gobernadora Lorena Cuéllar, se mantienen trabajos de inspección y vigilancia permanente en el área natural, a efecto de verificar que las acciones que se realicen dentro del parque para la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, y prevenir ilícitos ambientales.
Y si bien es cierto que es responsabilidad del gobierno combatir este flagelo, también es tarea de toda la sociedad hacerlo.
El gobierno del estado, dotó esta semana de armas de reciente adquisición a 27 de 60 municipios que cumplieron con los lineamientos estipulados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos en el apartado de licencias oficiales.
A través de una licencia oficial colectiva se permite a las corporaciones policíacas del país portar armas de fuego para el desempeño de sus funciones.
Los municipios que no cumplieron con esta condición deben comenzar de forma inmediata los trámites y los exámenes que por mandato legal deben realizarse cada seis meses para renovar la licencia oficial colectiva de portación de arma de fuego ante la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Los exámenes representan en su conjunto un paso de suma relevancia para cumplir con el compromiso de dotar a la Policía Preventiva de más y mejores herramientas, garantizar su confiabilidad y revalidar la documentación que acredita la funcionalidad policial con base en los estándares.
De acuerdo con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se debe comprobar que los portadores de la institución policial no tengan impedimento físico o mental para el manejo de armas.
Además, da la seguridad que los que portan armas no hayan sido condenados por un delito relacionado con su empleo y no consuman sustancias ilícitas. Por ende, se aplican pruebas médicas, toxicológicas y psicométricas que garanticen el óptimo estado de la organización operativa y poder culminar el proceso de renovación con éxito.
Según la misma Ley invocada, a la SEDENA le corresponde la expedición, la suspensión y la cancelación de las licencias de portación de armas, así como el registro, el control y la vigilancia de las mismas. En el trámite para renovar la licencia oficial colectiva, el Gobierno del Estado ofrece acompañamiento a los cuerpos municipales de seguridad.
La triste realidad es que menos de la mitad de los municipios llenan este requisito, que es fundamental para renovar el armamento y así se pueda combatir a la delincuencia.
Lo ocurrido en Zacatelco el pasado sábado 11 de marzo, donde un grupo de pobladores pretendía linchar a presuntos ladrones fue el escenario para implementar el protocolo de atención a intentos de linchamiento. También fue el pretexto de actores políticos que, tuvieron a bien, mostrar lo ruines e incivilizados que son.
Si bien el tema de los disparos “disuasivos” sigue generado debate, lo cierto es que la autoridad cumplió con su obligación, evitando así unta tragedia y la comisión de un delito. Pero hay quienes en su loco afán de pronunciarse hasta porque pasa una mosca, dejan en evidencia que no le saben y que no le entienden.
Tal es el caso del lenguaraz dirigente del moribundo PRD, Julio César Pérez González, quien el día de ayer denunció la “fallida” aplicación del protocolo anteriormente mencionado. Lo que no le explicaron sus inventivos e ignorantes asesores es que, no ocurrió un linchamiento. Lo que nos deja pensar que el dirigente del PRD quería sí, o sí, ver la muerte de presuntos asaltantes. Qué ruin.
En un comunicado se aventó la puntada de decir lo siguiente respecto del protocolo: […] el cuál es evidente que no funciona, ya que este fin de semana se desató un nuevo caso de linchamiento en el municipio de Zacatelco. Ah caray, pues ¿a quién lincharon? Si los presuntos culpables fueron extraídos para su traslado ante la autoridad competente. Es decir, no sabe ni siquiera con certeza lo que ocurrió, pero bien que le gusta opinar y exigir destituciones a diestra y siniestra.
Se vale no saber, no conocer, lo que no se vale es seguir viviendo en la ignorancia. El PRD intenta, -además de sobrevivir- buscar miles de pretextos y oportunidades para descreditar a la autoridad quien en esta ocasión e independientemente de las circunstancias, logró evitar una ejecución tumultuaria.
Pero siempre será más fácil hablar de lo que no se sabe, de lo que no se conoce y de lo que no se entiende en lugar de pensar.
A un año de lo ocurrido por vez primera en Tlaxcala durante un 8M, nos quedan dudas sobre quién o quiénes son los que financian a los grupos radicales que causaron destrozos y desmanes la ocasión pasada. Todavía podemos recordar a los grupos feministas locales desmarcándose de la violencia que se generó.
Se espera que este año, esos mismos grupos pagados arriben a nuestro estado con la finalidad de seguir generando condiciones adversas para quienes pretenden legítimamente visibilizar sus demandas de justicia. Lo curioso de todo -además- de ser la primera vez que se sale de control es que en el resto del país, al menos en la mayoría de los estados morenistas, ocurrió lo mismo.
Lo anterior no puede llevar a pensar en que, tratándose de la guerra por lo que en el próximo año estará en juego, no se duda que la oposición, juegue su papel e interfiera en movimientos legítimos para tratar de ganar puntos porcentuales en las encuestas que hoy, sacan debajo de cada piedra.
La postura del gobierno morenista en nuestro estado debe ser en todo momento la de garantizar y salvaguardar la integridad de quienes asisten a la marcha que se espera, quienes transitan por las calles de Tlaxcala, y de quienes sean espectadores de ello.
Ojalá que el día de hoy todo transcurra en calma, que se den las condiciones para manifestarse y visibilizar las denuncias que se tienen, pero que se vele por la integridad de todos los que asisten. La posible llegada y presencia de grupos radicales puede poner en riesgo la legitimidad del movimiento.
Tlaxcala da la bienvenida en su lado poniente a los transportistas con la inseguridad, robo de transporte de carga y privación de la libertad. Se trata del municipio de Calpulalpan, en el cuál se registran múltiples robos y asaltos en lo que va del 2023.
En los tres meses del año en curso, los municipios de Calpulalpan y el Carmen Tequexquitla han repuntado en actos delictivos hacia el robo de camiones de carga pero en ningún momento se ha observado que los gobiernos de estos municipios se pronuncien con acciones concretas que garanticen el paso seguro de los transportistas. Sabemos que Calpulalpan en una de las entradas más concurridas hacia el centro del Estado en ruta a otros Estados como Veracruz, por lo que resulta ser paradero para ingesta de alimentos, carga de combustible y descanso.
¿Cómo podemos pronunciarnos como el Estado más seguro del país? El pasado mes de febrero se privó de libertad a cuatro personas que iban a bordo de un camión de carga federal, no bastando con el secuestro del camión; afortunadamente estas personas pudieron salvarse y denunciar pero dentro de los argumentos, se denotó que, la Guardia Nacional no hace aparición en el tramo carretero y por tanto, los asaltantes han podido llevar a cabo sus hazañas con facilidad.
La denuncia oportuna de los involucrados, permitió la detención de los asaltantes, sin embargo, en tres meses se han detectado 318 robos de camiones de carga en Tlaxcala, lo cual no solo ha quedado en términos materiales, también saldos rojos; dejando a cientos de familias desamparadas ¿Por qué pareciera que el tema debe pasar desapercibido? ¿Debemos esperar que la cifra sea mayor a mil para que Guardia Nacional apoye?
Recordaremos que la administración pasada del Municipio de Calpulalpan estaba interesada en participar en el Programa de Pueblos Mágicos, pareciera que la actual administración de lo tomó muy en serio en la palabra “mágico” porque el único acto de magia es desaparecer bienes y personas.
No obstante, el Estado se ha pronunciado interesado en la promoción e incremento del turismo pero para la incentivación de visitas y turistas al Estado, primero debería garantizar la seguridad en todos sus aspectos; observamos que la seguridad no es un eje rector en el gobierno de Morena. Lo mismo ocurre en el tramo carretero del Arco Norte. La inseguridad incrementada no solo afecta a transportistas, también a vehículos particulares, mismos que ha sufrido al menos cuarenta encuentros delictivos en lo que va del año, quienes aprovechan las congestiones derivadas por accidentes, tráfico, u algún otro factor para delinquir, favoreciéndoles la falta de elementos de seguridad.
Pero las promociones y las poses para la publicidad “turística” no han faltado, derivado del anunciado Mundial de Voleibol 2023, que ha conllevado mesas de trabajo para que el Municipio de Apizaco sea sede. Otro de los municipios más inseguros, conocido como la ciudad rielera donde les late desaparecer personas e incinerarlas para después aparecer en terrenos aleatorios. Ojalá también hubiera este interés de reuniones y acciones para garantizar la seguridad, primero de sus ciudadanos y después de los visitantes.
Con esto no decimos que no se realice la actividad deportiva pero la gobernabilidad no solo se enfoca en los eventos, sino en la calidad de vida de las personas, en resultados concretos que salvaguarden la integridad de los mismos.
Nuestras autoridades reconocen los beneficios del Mundial, referidos en hospedaje, restaurantes, escuelas, servicios, comercio al por menor pero ¿Reconocen las deficiencias en materia de seguridad que enfrentan? Y a su vez ¿Qué realizan los sectores de gobierno para garantizar la seguridad? No solo en los meses en los que se llevará a cabo, sino en el día a día para usted, para su familia, para todos.
Ya no importa la hora o el día para poder ser víctima de la inseguridad, así que no nos queda más que recomendarle prevención en el transitar y esperar correr con suerte derivado que la mancha crece cada día más.
