El eje de las observaciones se habría sustentado en los montos máximos para adquisiciones y en los procedimientos de licitación.
La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) limitó las facultades del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), encabezado por Arturo Lucio Salas Miguela, al precisar que su competencia se restringe a la revisión de recursos estatales, los cuales representan alrededor del 10 por ciento del presupuesto de los ayuntamientos, y no de los recursos de origen federal.
La determinación judicial generó inconformidad entre diversos actores del Gobierno estatal, luego de que varios presidentes municipales promovieran una controversia constitucional con el objetivo de frenar lo que consideraban una intervención política desde el Poder Ejecutivo.
Sin embargo, el alcance de la resolución también dejó al descubierto presuntas irregularidades cometidas durante las administraciones de Isabel Maldonado Textle y Arturo Salas, quienes habrían permitido la integración de expedientes penales promovidos desde el Congreso del Estado y ejecutados por el director de Asuntos Jurídicos del OFS, Jesús Huerta Ortega, con la participación del director técnico, Héctor Escobar Pluma.
De acuerdo con los señalamientos, una vez que los expedientes llegaban al área jurídica, se definía desde Palacio de Gobierno qué alcaldes serían sujetos a procedimientos legales, principalmente aquellos que mantenían diferencias políticas o se negaban a seguir las directrices del Ejecutivo estatal. Esta práctica, según las acusaciones, no sería reciente y habría operado también durante el sexenio de Marco Antonio Mena Rodríguez.
El origen de las observaciones
Las investigaciones se centraban en los “Montos máximos para las adquisiciones que podrán realizar las dependencias y entidades durante el ejercicio fiscal 2026”, documento que establece que las licitaciones públicas son obligatorias a partir de los 2 millones 386 mil 348.01 pesos.
No obstante, se acusa que Jesús Huerta Ortega habría sumado operaciones realizadas de manera aislada durante todo el año para argumentar un supuesto manejo indebido de recursos públicos y sustentar denuncias por presunto uso ilícito de atribuciones y facultades.
Señalan más de 230 expedientes
Las acusaciones apuntan a que se habrían integrado alrededor de 230 expedientes considerados ilegales, por lo que, de confirmarse irregularidades, quienes deberían responder serían integrantes del Congreso local, así como la exauditora Isabel Maldonado Textle, el actual titular del OFS, Arturo Salas, y los funcionarios Jesús Huerta Ortega y Héctor Escobar Pluma.
Ambos servidores públicos son identificados como funcionarios de carrera dentro del OFS y, según las versiones señaladas, habrían mantenido una influencia determinante en las decisiones del organismo durante distintas administraciones.
Mientras tanto, personas que enfrentaron procesos e incluso estuvieron privadas de la libertad derivados de estas actuaciones, aseguran que hasta el momento no han recibido una disculpa, en un contexto que algunos comparan con la llamada “Ley de Herodes”.