Un grupo de por lo menos 8 personas que se han visto afectadas por fraudes y corruptelas cometidas presuntamente por el Diputado Local del Distrito 10 José María Méndez Salgado “Chema” han exigido a autoridades estatales y del orden federal intervenir de manera pronta en la resolución de las demandas que se han interpuesto en contra del legislador huamantleco, pues a la fecha, varios de estos procesos legales se encuentran retrasados en sus veredictos y las autoridades estatales únicamente les han dado largas, situación que los demandantes ya califican como un contubernio para favorecer los intereses de Méndez Salgado.
El abogado representante de varios de los afectados, José Antonio Robles manifestó que existen demandas penales, mercantiles y de otros rubros que fueron interpuestas desde 2013 y 2014 y que hasta este momento no han seguido su curso de forma transparente y legal, aún cuando todas las pruebas han sido desahogadas y acusan directamente al legislador morenista de delitos varios como fraude, falsificación de documentos y despojo ilegal de bienes inmuebles.
Entre los demandantes se encuentra el señor Juan Manuel López Teacalco quien denuncia que desde hace 3 años el diputado José María Méndez Salgado se apropió de un predio a su nombre de forma ilegal, esto a través de una simulación de arrendamiento, pues Méndez Salgado rento el inmueble y posteriormente se adueñó de él haciendo uso de la fuerza pública al violar cerraduras y sacar a la calle las pertenecías de López Teacalco cuando este se encontraba ausente.
El hombre de la tercera edad afirma que esta situación lo ha afectado de forma seria pues actualmente se encuentra sin hogar y rentando un pequeño cuarto en la ciudad de Huamantla, por lo que pide a las autoridades que actúen conforme a derecho y se le regrese dicha propiedad y además se le retribuyan económicamente los daños causados por Méndez Salgado.

A esta demanda se suma la también hecha por el abogado José Antonio Robles, a quien El Chema Méndez defraudó con varias cantidades de dinero a través de una financiera, dejando en prenda dos vehículos automotores, no obstante, dichas facturas ya habían sido usadas en otros préstamos prendarios además de ser apócrifas, y según señala el afectado, al confrontar al legislador sólo encontró negativas y actitudes hostiles por lo que hizo lo conducente al interponer un recurso legal en contra del diputado que hasta este momento se encuentra frenado en el Ministerio Público ubicado en Huamantla.

En este sentido, señalaron que el diputado estaría obligado a pagar cerca de 32 millones de pesos, tan sólo por estas dos demandas, no obstante, se escuda en el fuero que posee para eludir su responsabilidad legal, razón por la cual los afectados exigen a las autoridades estatales su intervención o de lo contrario buscarán acudir al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador para denunciar estos actos de corrupción y tráfico de influencias por parte del Diputado Local.