Por Héctor A. Villalva
El gobierno del estado, dotó esta semana de armas de reciente adquisición a 27 de 60 municipios que cumplieron con los lineamientos estipulados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos en el apartado de licencias oficiales.
A través de una licencia oficial colectiva se permite a las corporaciones policíacas del país portar armas de fuego para el desempeño de sus funciones.
Los municipios que no cumplieron con esta condición deben comenzar de forma inmediata los trámites y los exámenes que por mandato legal deben realizarse cada seis meses para renovar la licencia oficial colectiva de portación de arma de fuego ante la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Los exámenes representan en su conjunto un paso de suma relevancia para cumplir con el compromiso de dotar a la Policía Preventiva de más y mejores herramientas, garantizar su confiabilidad y revalidar la documentación que acredita la funcionalidad policial con base en los estándares.
De acuerdo con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se debe comprobar que los portadores de la institución policial no tengan impedimento físico o mental para el manejo de armas.
Además, da la seguridad que los que portan armas no hayan sido condenados por un delito relacionado con su empleo y no consuman sustancias ilícitas. Por ende, se aplican pruebas médicas, toxicológicas y psicométricas que garanticen el óptimo estado de la organización operativa y poder culminar el proceso de renovación con éxito.
Según la misma Ley invocada, a la SEDENA le corresponde la expedición, la suspensión y la cancelación de las licencias de portación de armas, así como el registro, el control y la vigilancia de las mismas. En el trámite para renovar la licencia oficial colectiva, el Gobierno del Estado ofrece acompañamiento a los cuerpos municipales de seguridad.
La triste realidad es que menos de la mitad de los municipios llenan este requisito, que es fundamental para renovar el armamento y así se pueda combatir a la delincuencia.
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